Mucho menos apreciable al público en general que el patrimonio arquitectónico, lo constituye el documental. Este último no está a la vista de todos y, por lo tanto, no tiene un atractivo estético que anime a la gente a contemplarlo o visitarlo, de allí que su estado de conservación y eventual pérdida no despierte las voces y pasiones de quienes generalmente lo hacen cuando, por ejemplo, un antiguo inmueble se deteriora o derrumba. Es más, esa casa, iglesia o edificio por sí solos poco nos dirían, si no fuera por la valiosa información que suelen ofrecernos las fuentes documentales. Tal como lo afirmaran Langlois y Seignobos, en su importante obra Introducción a los Estudios Históricos, la historia se hace con documentos, pues son las huellas que han dejado los pensamientos y los actos de los hombres de otros tiempos. «Entre los pensamientos y los actos –explican– muy pocos hay que dejen huellas visibles, y esas huellas, cuando existen, son raras veces duraderas, bastando cualquier accidente para borrarlas. Ahora bien; todo pensamiento y todo acto que no ha dejado huellas, directas o indirectas, o cuyas huellas visibles han desaparecido, resulta perdido para la historia, es como si nunca hubiera existido. Por falta de documentos, la historia de inmensos períodos del pasado de la humanidad no podrá ser nunca conocida. Porque nada suple a los documentos, y donde no los hay, no hay historia».
La afirmación de estos autores, por extrema que parezca, pone de relieve sí la importancia del patrimonio documental tantas veces soslayado y ávido de atención, habida cuenta el lamentable estado en que se encuentran muchos de nuestros archivos públicos y privados, agravado en la actualidad por la falta de recursos para su sostenimiento. Y es que en Venezuela el tema, aparte de no ser de interés o prioritario, está caracterizado por políticas espasmódicas y difícilmente sostenibles en el tiempo. No es casualidad que el Informe de la Fundación Histórica Tavera de España, relativo a una encuesta dirigida a 1.234 archivos y otras instituciones de 20 países latinoamericanos en el período 1998-1999, indicara que en el caso venezolano de las 94 encuestas remitidas sólo obtuvieron 38% de respuestas, siendo los hallazgos, como era de esperarse, nada halagadores.
En Carabobo la situación no es distinta, ya que el estado de los repositorios documentales públicos y los pocos privados preocupan en extremo, presentando un panorama por demás incierto. Esta preocupación, desde luego, no es nada nueva haciéndose patente en el Acuerdo dictado en el marco de la Primera Convención Nacional de Cronistas Oficiales de Ciudades de Venezuela, celebrada en la capital carabobeña, del 23 al 25 de marzo de 1968: «Art. 1º Hacer un clamoroso llamado al sentimiento patriótico y al celo previsivo de todos aquellos organismos oficiales bajo cuya dependencia existan archivos que contengan documentos relativos al pasado histórico de la nación, para que pongan su mayor empeño en la preservación, vigilancia y organización de ellos, en la seguridad de que por este medio estarán prestando un valiosísimo servicio a la vida tradicional e histórica de nuestro país».
Los intentos oficiales de los años cuarenta, cuando es contratado el Profesor Ulrich Leo para tomar a su cuidado el archivo municipal de Valencia, hasta la reorganización del archivo estadal durante la administración del gobernador Raúl Gómez Hernández, fracasaron por la falta de recursos y continuidad administrativa, aunque algunos avances los hubo por entonces, gracias a los esfuerzos de Oswaldo Pérez Montezuma y Néstor Torres Pérez. En esa época, además, se inició la publicación del Boletín del Archivo Oficial del Estado Carabobo, aunque de corta duración. En 1985, se promulga la “Ley de Archivos del Estado Carabobo” con el objeto de garantizar la guarda, custodia, conservación, utilización y estudio de los documentos históricos y administrativos de carácter público, en función de lo cual se declara de interés público el acervo documental archivístico creándose, entonces, el Archivo General del Estado Carabobo que contaría con una Sección Histórica para alojar los documentos de valor. Este marco regulatorio será complementado por los reglamentos dictados el año 2011, derogado por el actual “Reglamento Parcial Número 1 de la Ley de Archivos del Estado Carabobo sobre Valoración, Retención, Desincorporación, Expurgo y Transferencia de Documentos en los Archivos de la Administración Pública del Estado Carabobo”, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria No. 6850, del 3 de agosto del 2018. Sin embargo, muy poco contribuyeron estos instrumentos legales a mejorar la situación de los repositorios documentales regionales.
El tema de los archivos regionales, de hecho, ha sido escasamente tratado desde la academia. Una somera búsqueda sobre los antecedentes confirma lo anterior, siendo la excepción las esporádicas menciones sobre la deplorable condición de los archivos regionales y la necesidad de conservación que se encuentran hechas en los Boletines del entonces Centro de Historia del Estado Carabobo, hoy Academia de Historia regional, así como en el Boletín del Instituto de Antropología e Historia del Estado Carabobo. Son escasos los trabajos específicos que hemos podido localizar, entre los que se cuentan: “Archivos Históricos en el Estado Carabobo”, sin nombre de autor, aparecido en la Revista Mañongo, Universidad de Carabobo, Julio-Diciembre 1993, No. 1, Año 1, Vol. 1, pp. 58-60; “Los Archivos Históricos de Puerto Cabello”, preparado por el suscrito, publicado en el Boletín de la Academia de Historia del Estado Carabobo No. 13, Año II, Vol. VII, Enero-Junio 2006, pp. 43-49; “Repositorios Históricos del Estado Carabobo”, preparado por Luis Rafael García Jiménez, publicado el año 2016 en su blog (http://luisrgarciaj.blogspot.com/2016/11/repositorios-historicos-del-estado.html); y “Los Manuscritos Históricos de Puerto Cabello”, preparado por Elvis López, publicado el año 2021 en el sitio web de la academia regional (https://ahcarabobo.com/los-manuscritos-historicos-de-puerto-cabello/).
De los antecedentes arriba enumerados merece particular mención el trabajo del profesor universitario y académico García Jiménez, quien hace referencia a un censo de repositorios documentales del Estado Carabobo, hecho el año 1997, por encargo de la Fundación Polar y como parte del proyecto denominado “Organización y preservación de Archivos Históricos”, actualizado el año 2000, y cuyos resultados afortunadamente compartió a través de su blog. Los repositorios censados por aquél fueron los del Ejecutivo Regional (Archivo María Clemencia Camarán y el Archivo de la Administración Pública), el Archivo de la Arquidiócesis de Valencia, el Archivo Histórico de la Universidad de Carabobo, los Archivos de los concejos municipales de Valencia, Puerto Cabello, Montalbán, Bejuma y Güigüe, así como los entonces Archivos del Registro Principal, Subalternos y Mercantiles, los que totalizaron 19 archivos que en su gran mayoría poseían abundante documentación histórica. Sin embargo, este autor encontró que «casi el 90% de los archivos analizados tienen fallas y carencias graves de procedimientos, de equipos, de local y de personal. Estos elementos son la base indispensable para que puedan cumplir por lo menos parcialmente sus funciones fundamentales».
Ante este panorama, por demás nada halagador, es que la Academia de Historia del Estado Carabobo adelanta actualmente un importante proyecto denominado Inventario y Diagnóstico de los Repositorios Documentales Públicos y Privados del Estado Carabobo, destinado a identificar los principales archivos y/o colecciones documentales (Manuscritos, impresos, mecanografiados, libros, revistas, fotografías, películas, grabaciones, materiales en formato electrónicos, etc.) de carácter histórico localizados en los diferentes municipios del estado, permitiendo así recabar información básica sobre sus contenidos y condiciones actuales. La recolección de información se hará a través de una ficha técnica que ha sido elaborada para obtener datos sobre el repositorio documental objeto de inventario y diagnóstico, seguida de visitas por parte del equipo encargado.
No existe a la presente fecha un trabajo de esta naturaleza, aunque en el pasado como lo mencionáramos ha sido manifiesta la preocupación al respecto de diversas instituciones y particulares, de forma tal que la información relativa a los repositorios documentales públicos y privados existentes en la región resulta poco confiable, cuando no existente. Aunque el proyecto está enfocado, fundamentalmente, en los repositorios documentales localizados en Carabobo, se ha considerado prudente extenderlo a unos pocos fuera de la región, obviamente en lo que a los fondos referidos a Carabobo corresponde.
Indudablemente, este instrumento en la forma de inventario y diagnóstico será de gran utilidad para los académicos, historiadores e investigadores interesados en la historia local y regional, constituyendo un punto de partida para la formulación de recomendaciones a las instancias pertinentes sobre urgentes acciones a fin de conservar nuestro patrimonio documental.
@PepeSabatino