Puerto Cabello, 17 de abril de 2026
Preliminar
Señor director de la Academia de Historia del Estado Carabobo.
Sres. Académicos.
Señoras y señores, invitados, amigos todos
Comparezco ante este ilustre cuerpo con el más profundo sentimiento de gratitud y compromiso. Hago un reconocimiento público a la Academia de Historia del Estado Carabobo por el indudable honor que me ha concedido al designarme para ocupar el Sillón identificado con la letra “G”. Asumo esta responsabilidad con plena consciencia del legado que representan mis antecesores, Don Asdrúbal González y más recientemente, el Doctor Alexis Coello Álvarez.
Expreso mi agradecimiento a la Junta Directiva y, de manera especial, a Don José Alfredo Sabatino Pizzolante, quien aquel 12 de noviembre de 2025 me honró con la noticia de esta designación. Desde ese momento, mi memoria ha evocado con afecto los nombres y rostros de aquellos maestros que han sido mi inspiración en el estudio de la historia de Puerto Cabello, su memoria ciudadana y su invaluable tradición portuaria.
Nada de este camino habría sido posible sin el sustento de mis raíces. Mi gratitud infinita comienza por mis padres, Jorge Enrique Aroca Riaño y María Eugenia Acuña Rosales, pilares fundamentales de mi formación. Del mismo modo, agradezco el motor que impulsa mi presente y futuro: mis hijos, Giorgio Leonardo Aroca Giambalvo, Mía Georgina Aroca Giambalvo y Jorge Lorenzo Aroca Fachin. Gracias a también a mi maestro y amigo, Don Luis Cubillán Fonseca, de quien he aprendido sobre la historia, la investigación y la memoria de Puerto Cabello y que hoy me acompaña también en esta jornada trascendental en mi vida.
Finalmente, deseo reconocer a mi familia profesional en Phoinike Logistic. Trabajar rodeado de colaboradores y amigos, tanto en Puerto Cabello como en Caracas, me permite vivir el pulso del comercio exterior contemporáneo, una dinámica que nutre diariamente mi curiosidad como investigador y mi comprensión del pasado económico de nuestra nación.
Semblanza del Dr. Alexis Coello Álvarez
Hablar del Dr. Alexis Coello Álvarez es invocar la memoria viva del municipio Juan José Mora. Más que un historiador de oficio, fue el guardián de la identidad morense; un hombre que dedicó casi tres décadas a rescatar del olvido las huellas de su pueblo. Aunque nació en Punto Fijo el 19 de febrero de 1956, Morón lo acogió a los cinco años, y él, con la nobleza de los grandes, echó raíces tan profundas que se proclamó moronero de corazón.
Su vida fue un tránsito fecundo entre las aulas y los archivos. Formado en la UPEL Maracay, su sed de saber lo llevó a alcanzar la Maestría en Historia por la Universidad de Carabobo y el Doctorado en Educación por la ULAC. Como docente en los liceos Miguel Peña y Ambrosio Plaza, no solo impartió Ciencias Sociales, sino que sembró en la juventud el respeto sagrado por sus orígenes.
Coello no fue un intelectual de escritorio; fue un ciudadano de acción. Entre 1984 y 1994, recorrió las calles como concejal, conociendo de cerca las luchas de su gente. Sin embargo, su verdadera vocación cristalizó en 1997 al ser nombrado Cronista Oficial de Morón. Desde allí, lideró la Asociación de Cronistas de Carabobo y alcanzó la vicepresidencia de la ANCOV, proyectando su labor a escala nacional.
Su obra escrita es el testamento de su compromiso. Títulos como Síntesis geo-histórica de Morón (1994), Morón (1995), Pinceladas en el tiempo (1997), Crónicas desde Morón (2000), Morón: auge y caída del paludismo en Venezuela (2003) y Voces del camino (2005) son hoy pilares indispensables para entender nuestra esencia portuaria. Gracias a su rigor, la historia local desde 1811 hasta el presente, queda resguardada para las futuras generaciones de jóvenes. También fue columnista del diario NotiTarde, periódico regional de Valencia.
Este esfuerzo le valió las más altas distinciones, entre ellas las órdenes “Juan José Mora” (1ª clase, Gran Comendador), “Orden del Mérito al Trabajo” (2ª clase), “Orden 27 de Junio” (3ª clase) por su labor educativa. Apenas en noviembre de 2025, alcanzó la cima de su trayectoria al incorporarse como Individuo de Número a la Academia de Historia del Estado Carabobo.
El pasado 24 de febrero de 2026, tras cumplir 70 años, el Dr. Coello partió hacia la posteridad. Fue despedido en su Plaza Bolívar, en Morón, rodeado por el pueblo que amó, dejando un legado de dignidad y letras. Hoy, su nombre no solo habita en las portadas de sus libros, sino en el alma de cada moronero que se reconoce en su historia.
A su memoria y a su legado, dedico estas palabras.
A continuación, compartiré con ustedes mi discurso.
ADUANA, ADUANISTA Y ADUANERO: TRES SIGLOS DE IDENTIDAD FISCAL EN VENEZUELA (1529-1918)
A lo largo de mi trayectoria como operador de este oficio —y, sobre todo, como observador curioso de su pasado—, me ha asaltado con frecuencia una duda: ¿cuál es el verdadero origen del término “aduana” en nuestra historia? Me pregunto en qué momento preciso se asienta este vocablo y qué realidades planteaba bajo el orden colonial de la Corona.
Indudablemente, la «aduana» significaba algo muy particular en las primeras décadas de la conquista y el poblamiento, y algo distinto a partir de 1810, cuando inicia el complejo proceso de independencia. ¿Cuándo emerge, entonces, el término “aduanero”? ¿Por qué nuestro discurso público se decantó por este y no por el de “aduanista”? Sobre estas interrogantes, que ilustran un pilar de la Hacienda Pública en Venezuela, existen continuidades y rupturas. ¿Qué permanece desde la Colonia? ¿Qué se ha transformado?
En estas líneas, les comparto un bosquejo tentativo sobre los cambios terminológicos que han marcado la transición de la Colonia a la República: la evolución de “aduana”, “aduanista” y “aduanero”.
Un trasplante necesario
La palabra “aduana” experimentó una metamorfosis, si pudiéramos llamarla así, bien particular en nuestra historia colonial. Ella tiene su raíz en el árabe al-diwān, que originalmente se refería a un registro o libro de cuentas. Desde su evolución en el español medieval, esta palabra ha dado la noción de espacio o sede del poder real relacionado con el cobro de tributos. En el imaginario colectivo, se la he entendido como un impuesto, y así pasó a nuestro continente.
Este concepto llegó a América como parte de un trasplante cultural de gran envergadura, diseñado para la administración rigurosa de los recursos y el control de la riqueza. Ante esta herencia, me pregunto: ¿Quiere decir que la noción que tenemos de la aduana es un sustrato cultural, donde se cruza el imaginario romano, griego y moro? Es eso y más. Más allá de las mezclas, su núcleo siempre ha sido controlar el sustento económico.
En el caso de Venezuela, la aduana representa una formalidad de la administración de la Hacienda pública que nos dio sustento por tres siglos, mucho antes de la aparición del petróleo en el siglo XX. Por todo esto, más allá de revisar su evolución como vocablo y símbolo entre nosotros, también es importante revalorizar su papel histórico como institución.
Los pioneros de los libros contables
El fenómeno aduanero en Venezuela posee una profundidad histórica sorprendente, pues no es tan aventurado decir que tiene una antigüedad de 497 años. Esta historia comenzó a escribirse con la tenacidad de los primeros funcionarios de hacienda en Santa Ana de Coro, quienes en 1529 trabajaron junto a los expedicionarios de la casa Welser. Aquellos hombres, Alonso Vázquez de Acuña, Antonio Naveros y Pedro de San Martín, no solo iniciaron el cobro administrativo formal, sino que sentaron la raíz más remota de lo que hoy conocemos como impuesto aduanero, vinculado originalmente al almojarifazgo. Recordemos que este era un impuesto medieval en España que gravaba las mercancías importadas, exportadas o transportadas entre puertos internos.
Para comprender lo que significa el término en esa época, hace falta que ilustre un poco del contexto. Es necesario sumergirse en la atmósfera de las primeras empresas de conquista y colonización en el Occidente venezolano, marcadas por la aridez del terreno, el sol inclemente y carencias materiales extremas. ¿Acaso imaginamos las peripecias que debieron enfrentar para llevar las cuentas? ¿Existían aduanas para esa fecha, tal como la conocemos hoy en puertos y alcabalas en los caminos? La respuesta a estas inquietudes yace en los libros contables iniciados el 29 de abril de 1529, bajo la gobernación de Ambrosio Alfinger, los cuales revelan que ejercer este oficio era un verdadero reto, al punto de que los funcionarios muchas veces decidían dormir en los barcos apostados en la costa para resguardar su integridad y su trabajo.
La labor de estos pioneros se veía frecuentemente entorpecida por la conducta de los gobernadores, quienes solían abandonar sus responsabilidades durante meses para adentrarse en expediciones en busca del tan ansiado Dorado. Esta inestabilidad obligó a la corona a intervenir, y el 17 de febrero de 1531, la reina Juana I dictó una Real Cédula exigiendo que la contabilidad fuera gestionada estrictamente por el tesorero, el contador y el factor, obligando a los gobernadores a cooperar con ellos. Este mandato era fundamental porque aquellas expediciones estaban concebidas como empresas, lo que exigía medir con precisión quirúrgica el margen de ganancia o pérdida sobre la marcha.
Finalmente, la importancia de estos funcionarios trascendía los simples números, pues fueron investidos con una autoridad para fiscalizar la conducta de los gobernantes en el terreno. En un sentido profundo, ellos eran los ojos del Rey y su misión principal consistía en registrar y proyectar el alcance de la colonización, asegurando que el orden administrativo prevaleciera en un entorno donde prácticamente todo estaba por construirse. Su legado es, por tanto, el cimiento de la estructura institucional que hoy define el control y la fiscalización aduanera del país.
Aduanas de carne y hueso
El concepto del almojarifazgo, la cuna del vocablo “aduana”, es clave en el gobierno y época de los Welser. En los inicios de la época colonial, específicamente en el puerto de Coro, la administración de los recursos era una tarea complicada. Los inspectores de aquel entonces tenían la misión de controlar a los representantes de la casa alemana, personajes como Jorge Spira o Nicolás de Federmann, quienes se caracterizaban por su afán rapaz. Estos hombres, dominados por su propio ego, solían ignorar las obligaciones que habían firmado antes de cruzar el Atlántico, lo que generaba constantes choques con los funcionarios encargados de recaudar impuestos como el almojarifazgo.
Ante esta situación, surge una pregunta clave para comprender la dinámica de la época: ¿cuál es el fondo de esa tensión entre el conquistador y el empleado real? La realidad es que, en aquel tiempo, no existían infraestructuras modernas ni almacenes organizados para el comercio. Por el contrario, el funcionario mismo encarnaba la autoridad y el orden, convirtiéndose en una verdadera aduana de carne y hueso que llevaba los procedimientos y los libros contables bajo el brazo. Estos hombres eran el estandarte de la norma frente a conquistadores que, como Federmann, comerciaban con armas, alimentos y medicinas sin querer presentar cuentas, hasta que el poder de instituciones como la Real Audiencia de Santo Domingo los obligaba a pagar sus tributos.
Es interesante notar que, durante la primera mitad del siglo XVI, el concepto de «aduana» no era algo físico ni común de encontrar en los registros notariales, sino más bien un ideal borroso que se fue definiendo a medida que el gobierno colonial se establecía en los puertos y caminos. Lo que hoy conocemos como sedes de recaudación e instituciones fijas, en aquel entonces dependía enteramente de la voluntad y el valor de estos inspectores para poner en cintura a quienes buscaban el enriquecimiento rápido. Así, la historia de nuestras aduanas comenzó no con edificios, sino con personas que hicieron valer las reglas en un territorio que apenas empezaba a dibujarse en los mapas de la administración española.
“Asegurar los derechos reales”
En la Provincia de Venezuela, el esfuerzo de la Corona se concentró inicialmente en fortalecer el cobro de la alcabala por encima de la organización de las aduanas, las cuales tardaron en consolidarse como entidades independientes. Esta conexión era tan estrecha que, según el contador José de Limonta, dice, “la alcabala de mar o de internación, es la misma alcabala de tierra”, cobrándose en los puertos antes de las ventas para facilitar el comercio y evitar fraudes.
Sin embargo, la falta de edificios y vigilancia facilitaba el contrabando, haciendo indispensable la construcción de casas de pesaje y registro en los muelles. El objetivo era establecer un control estricto para registrar cada buque de los puertos.
Esta carencia de infraestructura, incluso en puertos principales como La Guaira, planteaba dudas sobre la seguridad en el resto del territorio: ¿Entonces cuáles eran las condiciones de los otros en las costas del país? Si se necesitaba frenar el contrabando, ¿cómo lograrlo si no se contaba con una estructura fuerte para defenderla y hacer cumplir las leyes? Al final, la aduana funcionaba como una herida por donde se escapaba la riqueza real, una situación que solo las reformas borbónicas lograrían transformar.
Los “jueces de arribadas”
La palabra “aduana” va tomar un cauce distinto con la creación de la Real Intendencia de Ejército y Hacienda en 1776, un cambio que unificó las provincias y marcó el primer paso hacia la integración del país. Este proceso invita a reflexionar sobre la siguiente interrogante: ¿qué transformaciones políticas y fiscales hicieron posible que la aduana dejara de ser solo un punto de observación en el puerto para convertirse en un aparato centralizador de recursos y de control social bajo la Corona? La clave estuvo en otorgar al Intendente un control total sobre las finanzas y la seguridad, separando finalmente al territorio de la influencia del Virreinato de la Nueva Granada. Es decir, la “aduana” empezó a entenderse como una preocupación administrativa y desde un afán centralizador.
Para la década de 1790, este control se volvió más estricto con la llegada de funcionarios especializados, como los jueces de “arribadas”, designados para manejar “los negocios mercantiles del tráfico marítimo”. Allí notamos un viraje sustancial en el uso del término. Esta estructura de vigilancia era sumamente detallada, pues se basaba en un despliegue de personal donde, cito, “los guardas mayores y menores de los puertos, los fieles de las puertas de mar, y de tierra los de las aduanas… componen el cuerpo del resguardo de tierra”. De esta manera, la aduana dejó de ser un simple mirador para convertirse en una herramienta fundamental contra el contrabando y en el motor de la administración colonial. Ese matiz en el discurso fue, sin duda, un abreboca de lo que pasará en el devenir en el siglo XIX, porque su noción seguirá evolucionando en dentro del argot de hacienda pública hasta el presente.
Lo arancelario en tiempos de guerra
Durante la época de la independencia, el significado de la “aduana” reflejó la profunda crisis del nacimiento de la república y la fragilidad de la sociedad de aquel entonces. Estoy convencido que las palabras reflejan realidad: son su espejo. Y la aduana, en medio de la guerra, sufrió cambios en lo que enunciaba para el entramado social.
¿Se imaginan el estado de los puertos tras el terremoto de marzo de 1812? ¿Cuál fue el impacto de la guerra social en las aduanas marítimas y terrestres? Siendo estas instituciones el foco de comercialización de nuestras exportaciones, ¿cuál sería el estado de la recaudación arancelaria en plena guerra? Estas preguntas ponen de relieve cómo el conflicto armado y los desastres naturales golpearon directamente el corazón de la economía nacional.
Un aspecto fascinante de este período fue la relación de Simón Bolívar con las aduanas durante la campaña de 1817, especialmente tras la toma de Guayana. En ese momento, el Libertador y su equipo de gobierno en Angostura tenían como prioridad absoluta la recaudación de impuestos para sostener la lucha. Con el fin de comprar uniformes y suministros militares, así como para ganarse la confianza de los prestamistas británicos, Bolívar utilizó los recursos de las misiones del Caroní. Se exportaba ganado, cueros y granos, y en todo este proceso de intercambio comercial, las aduanas eran el factor determinante para el éxito de la liberación de la Nueva Granada.
A pesar de estos esfuerzos, la escasez de funcionarios honestos y capaces provocó que los recursos se agotaran rápidamente, dando paso a situaciones de hambre y desconfianza. Esta crisis moral facilitó la aparición del fraude y la corrupción en diversos estratos de la sociedad. Frente a este escenario, José Félix Blanco, quien administraba los recursos de Guayana, enfatizó que el bienestar del país dependía directamente de la ética de sus trabajadores.
El 22 de julio de 1817, dejó asentado que, cito, «todo funcionario, todo hombre constituido en algún destino, cualquiera que sea la parte que se le confía en la Administración Pública, debe dedicarse entera y exclusivamente al desempeño de su Ministerio por el bien de la República; pues que la salud de esta es la ley y la felicidad suprema”. Esta cita resume la idea de que la salvación de la patria no solo dependía de las armas, sino de la integridad de quienes manejaban los bienes del Estado.
La aduana como “fondo comercial»
Por las aduanas, marítimas y terrestres, entraban los recursos más importantes para el Estado que se estaba consolidando tanto en la actual Venezuela como en Colombia. Su significado entrañaba no sólo el impuesto, al funcionario y la sede física, sino también el sostén comercial de una guerra que se extendía en el continente. La aduana era el corazón mismo de la república.
Luego de que la Nueva Granada lograra su liberación en 1819, el nuevo Estado se enfrentó al reto de reorganizarse para poder sobrevivir, centrando toda su estrategia entre 1821 y 1824 en la gestión de recursos para sostener la guerra. La administración de las finanzas no era solo un asunto de oficina, sino la clave para mantener al ejército alimentado, evitar rebeliones por falta de pago y cumplir con los compromisos internacionales que daban crédito al país. En este contexto de presión constante, pregunto: ¿en qué medida la urgencia del conflicto aceleró la transición de las antiguas formas coloniales hacia un modelo de hacienda republicano donde la aduana asumió un rol protagónico? ¿Cómo logró el sector Hacienda responder a las exigencias materiales de una guerra sin colapsar en el intento?
Bolívar promovió que las aduanas se convirtieran en una institución fiscal ordenada y en el principal motor del comercio. Esto se formalizó legalmente en el Congreso de Rosario de Cúcuta de 1821, donde se establecieron reglas para los impuestos de importación y exportación, usando incluso beneficios estratégicos para animar el intercambio comercial. Gracias a estas medidas, se logró que la renta nacional tuviera un estándar y que el sistema administrativo se volviera mucho más profesional.
Hacia los años 1823 y 1824, la prioridad fue reformar la administración y asegurar que se rindieran cuentas claras para poder financiar las batallas. Bolívar supervisaba personalmente cómo funcionaban los impuestos y encargaba planes específicos para mejorar la gestión pública. Su visión era muy clara respecto a quiénes entendían mejor este negocio, señalando que, cito, “ninguno como los comerciantes conoce los defectos de la Aduana y la conducta de sus empleados”, y recalcando con mucha seguridad que, cito, “la Aduana manejada como un fondo comercial produce mucho”. Así, el paso de un sistema colonial a uno republicano se consolidó al entender que una aduana eficiente era vital para la economía de la naciente nación. ¿No vemos ahí, en esa noción de aduana, un matiz disciplinario, de virtuosismo funcionarial y de rigurosidad? Sin duda, el vocablo empieza a reflejar una rectitud casi militar. Esa transición de su significado resultará aun más evidente años después, como de seguida analizaré.
Los aduanistas: término novedoso
A principios de 1826, Bolívar se enfrentó a un reto monumental: ¿cómo se podía sostener un proyecto de nación tan vasto como la Gran Colombia sin una economía organizada? Para responder a esta interrogante, el Libertador trabajó estrechamente con figuras intelectuales de gran peso, como Santos Michelena y José Rafael Revenga, con el fin de reorganizar la Hacienda Pública. La tarea que tenían por delante era titánica, pues no solo debían fortalecer la administración de los recursos estatales, sino también combatir problemas persistentes como el contrabando y el robo de los fondos públicos.
En medio de este ambiente de presión y reformas, surge una pregunta fundamental sobre quiénes debían ejecutar estas políticas en el terreno: ¿qué papel jugarían los encargados de vigilar las fronteras y los recursos? Fue el 26 de mayo de 1826, durante un discurso en Chuquisaca para presentar el proyecto de Constitución de Bolivia, cuando Bolívar introdujo un concepto novedoso al referirse a estos funcionarios como “aduanistas”. En su visión, el poder del presidente debía ser limitado, dejando la administración en manos de un ministerio vigilado por la ley y los ciudadanos.
Al explicar la naturaleza de estos cargos, Bolívar fue muy honesto sobre la percepción que el pueblo tendría de ellos. En su discurso, el Libertador señaló textualmente: “Los aduanistas y los soldados, agentes únicos de este ministerio, no son a la verdad los más adecuados para captarle el aura popular; por consiguiente, su influencia será casi nula”. Con esta frase, Bolívar reconoció que, aunque el trabajo de estos agentes era vital para la estabilidad del Estado, su labor de control y recaudación no los haría figuras queridas por la gente, asegurando así que su poder político no creciera de forma desmedida.
El aduanista como piedra angular
En el pensamiento de José Rafael Revenga y Simón Bolívar, el empleado de aduanas no era visto como un simple cobrador de impuestos, sino como la piedra angular de todo el sistema económico. Se le consideraba un sujeto formado y consciente, un eslabón crítico en la cadena de mando de la Hacienda Pública que tenía responsabilidades muy serias, como proponer al personal y gestionar toda la logística de la recaudación. Según la reglamentación de 1827, una de sus funciones vitales era la de, cito, “proponer al Intendente las personas que hayan de servir los destinos de Administradores Subalternos, Aduanistas y Resguardos del distrito que comprende su Administración Principal”.
El aduanista pasó a ser un “celador” del cumplimiento de la ley, pero tenía prohibido terminantemente tocar los fondos para evitar cualquier tentación de corrupción. ¿Acaso no es esto un hito histórico en el ejercicio aduanero? Al respecto, el artículo 132 del decreto es muy claro al decir que, cito: “El que tenga la denominación de Aduanista Primero tendrá la responsabilidad de toda la Aduana, y cada uno de celar escrupulosamente el que no se introduzcan ni extraigan los efectos sin las formalidades que se designan por este decreto”.
Para reforzar esta honestidad, la ley también, cito: “prohíbe absolutamente el que ningún Aduanista pueda hacer en las Aduanas donde resida, cobro alguno de derechos, aunque sean de la menor cuantía”, ya que su único deber era vigilar que los pagos se hicieran en la oficina correspondiente.
Además de estas reglas de control, el sistema introdujo una visión ética muy avanzada para su tiempo sobre cómo debía ser el trato hacia los ciudadanos. Los términos «aduanista» y «guarda» se usaban para describir un empleo basado en la confianza y la vigilancia activa. El artículo 205 advertía severamente que “el Aduanista o Guarda que cobrare o percibiere algún derecho por razón de alcabala, patente u otro cualquiera, sea cual fuere su cuantía” estaría cometiendo una falta grave.
Como cierre, podemos ver que toda esta estructura legal buscaba transformar la figura del aduanista en un símbolo de la nueva institucionalidad de la nación. Se buscaba a un profesional respetuoso de la ley y de la gente. De esta manera, el vocablo aduanista enunciaba al profesional encargado de sostener el ambicioso proyecto de la Gran Colombia sobre los cimientos de una Hacienda Pública moderna, saneada y, sobre todo, eficiente.
¿Por qué no cuajó el término?
El rastro de las palabras en la historia a veces se pierde de forma misteriosa, como ocurrió con el término «aduanista» en los años finales de la Gran Colombia. A pesar de leyes que intentaban imponerlo, tras 1828 desapareció de documentos oficiales, autobiografías como la de José Antonio Páez y la prensa. Esto revela que un decreto no basta para que una palabra arraigue: la sociedad debe aceptar su significado y carga simbólica.
Una razón clave fue la tensión en el Ministerio de Hacienda bajo José Rafael Revenga, cuya gestión generó rechazo entre poderosos. Como señala Carlos Hernández Delfino: “En abril de 1827 Revenga encontró atrasos en la contabilidad aduanera y en la recaudación de derechos e instruyó sobre su recuperación”. Revenga procesó funcionarios, encarceló deudores y exigió devoluciones a figuras como Páez y Mariño por sueldos excesivos. Su rectitud, junto a la prohibición de vales falsificados, enemistó a comerciantes, arrastrando el rechazo a términos como «aduanista» incluso tras la disolución de la Gran Colombia.
El contexto de intriga política y separatismo agravó el desorden. Aunque polémicos, los esfuerzos de Revenga iluminan la realidad social y económica venezolana antes de «la disolución de la gran fantasía sin destino que era la Gran Colombia». La palabra perdida refleja un país en caos administrativo y político.
Páez y la evolución del vocablo “aduana”
La idea de la “aduana” tuvo un salto importante a partir de 1830, en el sentido de que recibió el interés reformador por parte del Estado. La aduana tuvo considerable peso en la reconfiguración de la Hacienda. Veamos, brevemente, ese proceso.
Durante el período comprendido entre 1830 y 1847, bajo la égida de José Antonio Páez, Venezuela experimentó un reacomodo constitucional, político y territorial fundamental tras su nacimiento como república independiente. En este contexto, la oligarquía conservadora identificó las finanzas públicas como un eje vital para el proyecto de nación, destacando la labor de Santos Michelena como una pieza dorada en la administración estatal. Su gestión no solo buscó la solvencia frente a la deuda externa, sino que transformó la aduana en un pilar institucional integral que abarcaba lo jurídico, lo territorial y lo administrativo, sirviendo como contrapeso al caudillismo regional.
El andamiaje legal de esta transformación se cimentó el 14 de octubre de 1830 con la aprobación de la primera Ley Orgánica de Hacienda. Bajo la dirección de Michelena, esta ley dio paso a la Tesorería General, ente encargado del cobro de rentas y del registro riguroso de ingresos y egresos nacionales.
Un aspecto revelador de esta etapa fue la profesionalización y jerarquización del servicio; en la aduana de Puerto Cabello, por ejemplo, los cargos estaban estrictamente definidos, desde el administrador con un sueldo de dos mil seiscientos pesos, hasta los meritorios que, con opción a plazas vacantes, trabajaban inicialmente sin sueldo.
La expansión del control fiscal continuó con la ley del 12 de mayo de 1834, la cual designó puertos específicos para el intercambio comercial. Se habilitaron plazas como Maracaibo, La Guaira, Puerto Cabello y Angostura para el comercio general, mientras que otros puntos, como las márgenes del Orinoco, se reservaron para la extracción de ganados y mulas. Esta normativa no solo reglamentó las aduanas, sino que estableció los aranceles y fijó procedimientos operativos estrictos: los responsables tenían tres días tras el fondeo para declarar su carga y, en caso de no descargar, el buque debía zarpar en máximo seis días para evitar operaciones irregulares.
La justicia en el ámbito aduanero también fue reglamentada con rigurosidad; ante cualquier infracción se iniciaba un sumario rápido que permitía sentencias en pocos días, permitiendo apelaciones ante la Corte Superior solo si el comiso superaba los 400 pesos. Esta estructura jurídica sentó las bases de la potestad aduanera moderna, entendida como el derecho inalienable del Estado a inspeccionar y tributar, principio que se mantiene como un valor trascendental de soberanía fiscal hasta la actualidad.
Finalmente, la evolución del sistema muestra un tránsito definitivo desde el pasado colonial hacia la modernidad técnica. Mientras que en 1834 el Juez de Aduana concentraba funciones administrativas y judiciales, la institucionalidad contemporánea —representada por entes como el SENIAT— prioriza la eficiencia técnica. El funcionario de aduanas dejó de ser un itinerante receptor de alcabalas para consolidarse como una autoridad especializada.
Estos cambios, ¿no forman parte de una metamorfosis sustancial? No cabe duda de que, en la primera mitad del siglo XIX, la aduana recibió una impronta técnica clave. Sin embargo, aún faltaba mucho para que adquiriera todo el significado que tiene hoy. Con la Guerra Federal —otro gran conflicto venezolano—, su sentido se atascó, al igual que el comercio y el aparato material de la sociedad.
Lo “aduanero” irrumpe
¿Qué pasaría si un solo término pudiera marcar el comienzo de una nueva etapa? En 1863 ocurre una ruptura fundamental: por primera vez desde el Ministerio de Hacienda, se usa el vocablo “aduanero” para referirse al impuesto portuario. Ese cambio marca un antes y un después en la modernización de nuestro oficio durante el resto del siglo XIX.
Ante este cambio, surge una interrogante fundamental sobre el peso de las palabras en la historia: ¿Qué pasaría si un solo término pudiera marcar el comienzo de una nueva etapa? El principal arquitecto de esta transformación fue Antonio Guzmán Blanco, quien, tras ocupar diversos cargos de alto nivel en el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, se propuso revisar las leyes heredadas y crear una estructura institucional sólida para fiscalizar lo que entraba y salía del país.
Esta reforma no era solo un cambio de nombre, sino una estrategia para proyectar confianza hacia el capital financiero de Europa y levantar la economía de una nación que había quedado en ruinas después de la Guerra Federal. Con este objetivo, Guzmán Blanco negoció en Londres un importante préstamo por 1,5 millones de libras esterlinas. Para asegurar este crédito, el Estado venezolano tuvo que aceptar condiciones estrictas, como el pago de intereses anuales y la entrega en garantía de los derechos de exportación de las aduanas de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. El control de estos ingresos se convirtió en un tema prioritario de Estado, pues era la única forma de traer estabilidad política y militar al proyecto liberal, eliminando el desorden administrativo y la falta de normas que imperaban en la época.
Sin embargo, el éxito de estas medidas enfrentaba el fantasma de la deshonestidad que venía desde los tiempos de la colonia. Los prestamistas internacionales, como el comisionado Edward Eastwick, tenían serias dudas sobre si el dinero sería bien utilizado o si terminaría perdiéndose en manos de funcionarios corruptos.
Eastwick dejó constancia de su preocupación al escribir que, cito, “la venalidad y la corrupción de los funcionarios aduaneros es tanta que, como ha sido demostrado por los señores Brandt e Iribarren, [fueron] menos [de] diez millones y medios de pesos hasta 1852”. En aquel entonces, se estimaba que el país perdía unos seis millones de pesos cada año debido al contrabando y a diversas trampas financieras, lo que hacía que la reforma de Guzmán Blanco fuera una tarea tan urgente como difícil de ejecutar.
El guzmancismo y la “renta aduanera”
En el guzmancismo, la palabra aduana adquirió un significado clave como estrategia comercial, representando la cima de un iceberg que revelaba, por un lado, el esfuerzo por centralizar las rentas en manos del poder central y, por el otro, la meta de garantizar la estabilidad territorial, militar y económica del país. El control de las aduanas y la gestión de sus riquezas fueron los elementos que permitieron a Antonio Guzmán Blanco transformar la estructura del Estado venezolano a finales del siglo XIX, por lo que, para comprender este periodo, es necesario preguntarse por qué eran tan importantes para su proyecto político.
La respuesta es contundente, pues estos ingresos aduaneros representaron el pilar financiero de su administración, llegando a constituir hasta el 85% de los recursos fiscales del gobierno durante el Septenio y los años que le siguieron. A través de una serie de decretos, Guzmán Blanco logró centralizar el poder en puntos estratégicos como las de La Guaira y Maracaibo, lo que le permitió quitarles fuerza a los caudillos regionales al arrebatarles el manejo de esos recursos.
¿Qué entendía el gobierno de la época por rentas aduaneras? Según los documentos legales, este concepto abarcaba una gran variedad de cobros, pues el Artículo 1 establecía que, cito, “son rentas aduaneras los impuestos de importación, uso de almacenes, cabotaje, licencia para cargar y descargar, sobre la sal marina, almacenaje, comercio de tránsito, licencia de navegación, faros, papel sellado, multas, toneladas, prácticos, plancha para muelles y plancha por exportación”. Para organizar este flujo de dinero, se determinó que las aduanas debían dividir los fondos en tres cuentas principales: una para el servicio público, otra para el crédito público y una tercera destinada al fomento.
Este sistema no habría sido posible sin una alianza estratégica con el sector privado, la cual se consolidó con la fundación de la Compañía de Crédito en 1870 para estabilizar las finanzas nacionales. Sobre esta relación entre el caudillo y los hombres de negocios, la historiadora Inés Quintero explica que, cito, “El interés que motiva a Guzmán es obtener de los comerciantes, además de su respaldo político, los recursos que le permitan poner a andar la máquina gubernamental, obtener una vía que suministre de manera regular fondos para el funcionamiento del Estado”.
De esta manera, el control de los puertos no fue solo una medida económica, sino la herramienta política que permitió que el gobierno central dominara el panorama nacional, asegurando incluso que ciertos pagos se realizaran semanalmente bajo la supervisión de agentes especializados o autoridades consulareS
La renta aduanera cruza al siglo XX
A finales del siglo XIX y principios del XX, Venezuela vivió una transformación profunda con la llegada de los andinos al poder, quienes buscaron modernizar y centralizar el país bajo un nuevo lema de orden, paz, trabajo y progreso. En este contexto, la figura de Román Cárdenas, bajo el gobierno del general Juan Vicente Gómez, destacó como el ministro de Hacienda que lideró una reforma estructural basada en métodos científicos para organizar los ingresos de la nación.
Durante el gomecismo, las nociones “aduana” y “aduanero” se fundieron en un gran contingente fiscal, de carácter sistemático nunca antes visto en el país. Por ello, la gestión de Cárdenas representa el cierre de un ciclo de precariedad y la apertura de una nueva era en la organización tributaria y la jurisprudencia venezolana. Bajo esta mirada científica y positivista, la aduana se erigió como el eje de una política rentística de alcance nacional. Como consecuencia, el término experimentó un repunte en su uso y prestigio, trascendiendo las oficinas de Hacienda para asentarse en el discurso público como un símbolo de soberanía y orden administrativo. Repasemos algunos eventos claves.
En 1912 se promulgó el Código de Hacienda, una herramienta que buscaba profesionalizar y centralizar el manejo de las aduanas. En aquel momento, la economía venezolana dependía casi totalmente de lo que entraba por los puertos, y el propio Cárdenas reconoció esta limitación ante el Congreso en 1913 al decir que, cito, “Nuestro Código de Hacienda que es cuanto poseemos en materia de Legislación Fiscal Federal, puede decirse que no tiene en cuenta en sus disposiciones sino las Aduanas, probablemente por ser ésta la única fuente importante de ingresos ciertos con que ha contado y cuenta hasta el presente la Nación”.
El ministro no se quedó solo en la crítica, sino que propuso que una verdadera ley de rentas debía ser mucho más amplia y justa para todos. Según sus palabras, una normativa moderna, cito, “debe abarcar, al contrario, todos los ramos que puedan ser objeto de una racional y útil imposición fiscal”, basándose en principios como el cobro equitativo de impuestos y la responsabilidad penal de los empleados que manejaran esos fondos.
Cárdenas entendía que depender únicamente de las aduanas hacía que las finanzas del país fueran vulnerables, por lo que defendió la necesidad de una “doctrina administrativa experimental, ilustrativa y sana” para alcanzar el éxito financiero. De esta manera, su visión no solo buscaba fortalecer los puertos, sino crear un sistema donde todos los ciudadanos contribuyeran al progreso de la República.
Poniendo la renta nacional
¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se organizó realmente el cobro de impuestos en nuestro país para que fuera un proceso justo y ordenado? El 16 de junio de 1915, se dio un paso fundamental con la promulgación de la Ley sobre Recaudación de la Renta Aduanera, la cual llegó para establecer el proceso moderno de pago que rige el orden fiscal. Esta normativa fue esencial porque logró separar de forma definitiva dos tareas que antes podían prestarse a confusiones: la liquidación, que es el cálculo del impuesto, y la percepción, que es el cobro real del dinero.
¿Por qué era tan importante esta distinción entre liquidar y percibir el dinero de las aduanas? Resulta que esta separación era una de las máximas que Cárdenas había expuesto en su balance de 1913, con el objetivo de profesionalizar la administración pública. Antes de esta ley, el sistema carecía de una estructura clara, pero con la nueva regulación se estableció un orden procesal estricto donde el contribuyente ya no tenía que pagar bajo la voluntad o “a discreción” del administrador de turno. A partir de ese momento, todo pago debía realizarse mediante una planilla legalizada, garantizando que el proceso fuera transparente y legal.
Para entender el rigor de este cambio, es necesario revisar lo que dictaba la norma en su primer artículo. El texto legal establecía con claridad que, cito, “la recaudación de los impuestos que se causen en las Aduanas de la República se efectuará por las Oficinas de percepción de fondos nacionales legalmente autorizadas… previa presentación por el contribuyente de la planilla de los derechos liquidados a su cargo”. Esta cita nos permite ver cómo la ley obligaba a que existiera un documento oficial con el cálculo previo de la deuda antes de que cualquier oficina pudiera recibir el dinero.
En definitiva, este cambio legal permitió que el sistema de aduanas funcionara con una estructura mucho más seria y organizada. Al introducir la obligatoriedad de la planilla legalizada y separar las funciones de cálculo y cobro, se eliminó la improvisación en la recaudación fiscal. De esta manera, el estado venezolano dio un paso hacia la modernidad administrativa, sentando las bases de un sistema donde la ley está por encima del criterio personal de los funcionarios.
Conclusiones
Para cerrar este discurso, quiero invitarlos a ver la aduana no como un simple trámite o un edificio en un puerto, sino como un proceso vivo que lleva casi 500 años definiendo lo que somos como país. A lo largo de este recorrido, hemos sido testigos de una metamorfosis terminológica que es, en esencia, la historia de la construcción del Estado venezolano.
Desde aquellos tres funcionarios que en 1529 desembarcaron en Coro con sus libros contables bajo el brazo —esa aduana de carne y hueso que sostuvo la economía colonial durante tres siglos— hasta el ensayo republicano del “aduanista”, hemos visto el esfuerzo por dotar de profesionalismo y ética a este oficio. Entendimos que sin esos recursos, la gesta de la Independencia y la organización de la República simplemente no habrían tenido oxígeno.
Finalmente, la consolidación del término “aduanero” en el siglo XX, bajo la mirada técnica de Román Cárdenas, marcó nuestra entrada a la modernidad administrativa. Hoy, el reto sigue siendo el mismo que desvelaba a Bolívar, Revenga o Michelena: la integridad y la transparencia. Ser “aduanero” en el presente significa heredar una tradición de vigilancia donde el funcionario es el garante de la soberanía fiscal.
Aunque los soportes hayan cambiado del papel sellado a los sistemas digitales, la esencia permanece: la potestad de inspeccionar y recaudar es un acto de confianza pública y un pilar inalterable de nuestra identidad nacional. En fin, entender este tránsito entre conceptos nos permite valorar el pasado para dignificar el presente: reconociendo en la aduana la pieza clave que, ayer y hoy, sostiene el progreso de Venezuela.
Muchas gracias a todos.