Suponemos que nos hemos ganado el derecho a contarnos entre los historiadores de Carabobo y, como tal, quisiéramos referirnos a nuestro oficio, no como un ejercicio de autoelogio, sino más bien como una necesaria reflexión sobre la naturaleza de una tarea que, lejos de agotarse en la investigación y escritura, se proyecta como un compromiso con la memoria, el patrimonio y la conciencia crítica de la sociedad.
El historiador carabobeño, si es fiel a su vocación, no puede limitarse a narrar el pasado debe, igualmente, custodiarlo, interrogarlo, interpretarlo y, en ocasiones, defenderlo. En una región como la nuestra, donde la historia no es un concepto abstracto sino una presencia tangible en calles, archivos, monumentos, edificaciones y tradiciones, el oficio adquiere otra dimensión que reclama de la militancia cívica. No se trata únicamente de reconstruir lo ocurrido, sino de evitar que lo ocurrido sea deformado, trivializado o, peor aún, borrado. En otras palabras, evitar que se pierda. Y aquí resulta oportuno recordar al historiador Pierre Nora, quien al reflexionar sobre los llamados lugares de la memoria, advertía que estos surgen precisamente cuando la memoria viva se debilita y la sociedad necesita fijarla en espacios, símbolos y documentos: «los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, —y proteger las edificaciones, agregamos nosotros— porque esas operaciones no son naturales». En Carabobo, esos lugares existen y son archivos, plazas, edificaciones coloniales y republicanas, tradiciones orales que encarnan una larga historia que merece ser contada, protegida y resguardada.
Tampoco es una idea ajena al discurso de nuestros intelectuales. Don Mario Briceño Iragorry lo expresó con claridad cuando decía que «hay necesidad de que sean respetadas las puertas, los zaguanes, los aleros, los altares, las calles, las piedras donde aún permanece enredado el espíritu de los hombres antiguos», insistiendo que al lado de la civilización y del progreso quedaran las antiguallas que dan fisonomía a las ciudades para, finalmente, advertir que en «la lucha que plantea la modernidad del tránsito frente a la ciudad que insiste en mantener sus antiguas líneas personales, precisa no sacrificar inútilmente los antiguos valores arquitectónicos donde se recuestan los siglos».
Esta comprensión ha orientado, en buena medida, la actuación de los historiadores de Carabobo en las últimas décadas. La labor desarrollada desde la Academia de Historia del Estado Carabobo, que nos complace presidir, ha contribuido a consolidar una visión en la que el rescate y defensa del patrimonio documental y arquitectónico constituye una responsabilidad concreta, no una mera consigna. Archivos, colecciones, edificaciones y espacios históricos han sido objeto de nuestra atención, estudio, promoción y, cuando ha sido necesario, del llamado a los gobernantes de turno.
Conviene insistir, sin embargo, en un punto esencial: los historiadores no esperan recados ni mensajes para cumplir con su deber. Su responsabilidad no depende de convocatorias formales, aunque cuando estas se producen, acuden con disposición, aportando conocimientos, tiempo y, en no pocas ocasiones, recursos propios. Y lo hacen con un criterio claro, esto es, reconocer lo que se hace bien, pero también señalar —con respeto y fundamento— aquello que debe corregirse. Porque el silencio complaciente no es compatible con el oficio del historiador. En ese mismo espíritu, los historiadores esperan respuestas igualmente respetuosas a las comunicaciones que dirigen. Y lo exigimos así porque así lo hacemos, siempre por escrito y de manera respetuosa. Lo anterior porque el diálogo entre quienes gestionan lo público y quienes estudian y defienden la memoria histórica no puede construirse sobre el irrespeto, la indiferencia y la descalificación, sino sobre el reconocimiento mutuo de los méritos y las responsabilidades que a cada uno corresponde.
Es importante recordar que los historiadores del presente no hacemos otra cosa que tomar el testigo de quienes nos precedieron en esta tarea. Existe una larga tradición que nos antecede y nos obliga. Figuras como Francisco González Guinán, Fabián de Jesús Díaz, Henriqueta Peñalver, Alfonso Marín, Luis Ovalles y Luis Cubillán Fonseca, en Valencia; y Ramón Díaz Sánchez, Miguel Elías Dao, Asdrúbal González y Orlando Sabatino Pizzolante, en Puerto Cabello, asumieron en su momento la defensa del patrimonio con una convicción que hoy sigue siendo ejemplo. Gracias a ellos, muchos documentos se preservaron, muchas historias se rescataron y muchos espacios lograron mantenerse en pie. Es, sencillamente, una ineludible obligación la que tenemos.
Esa tarea sostenida en el tiempo nos recuerda que el patrimonio no es un asunto circunstancial, menos aún en tiempos de crisis, porque precisamente en momentos de dificultad es cuando deben administrarse con mayor claridad las prioridades. El patrimonio documental y arquitectónico no puede esperar, pues su deterioro no se detiene, no concede treguas, no se suspende por razones presupuestarias. Cada día de retardo o abandono implica una pérdida, a veces irreversible como podría ocurrir con los valiosos murales de Pedro Castillo, en la Casa Páez, y las decoraciones en las históricas paredes de la Casa de la Estrella. De allí la urgencia de actuar. No por una inclinación romántica hacia el pasado, sino por la conciencia de que la memoria de un pueblo —esa memoria que se expresa en sus documentos, en sus edificaciones, en sus tradiciones— ha sido construida con el esfuerzo acumulado de generaciones. Preservarla no es un capricho de los historiadores, es una obligación de todos. Ese rescate de lo viejo puede que no produzca mucho rédito político, pero contribuye a custodiar la memoria y a exaltar el gentilicio.
Los historiadores de Carabobo, entonces, han entendido que su oficio no se limita a escribir y divulgar la historia, sino también a evitar que desaparezca. Y en ese empeño, que combina estudio, vigilancia y compromiso, reside la verdadera dimensión de su labor. Porque, en última instancia, defender la memoria es también defender la posibilidad de que una sociedad se reconozca a sí misma. Vivimos tiempos difíciles de interpretar, pero en los que lo único claro de momento es que el país reclama el concurso de todos, incluso, de los historiadores, aunque sus aportes resulten ignorados, incómodos o no bien recibidos.
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@PepeSabatino