Fue don Pedro José de Olavarriaga, producto del viaje realizado a la Provincia de Venezuela durante los años 1720 y 1721, quien en su interesante obra Instrucción General y Particular del Estado Presente de la Provincia de Venezuela, identifica a este punto como uno ideal para el establecimiento de la Compañía Guipuzcoana, con lo cual arranca definitivamente el desarrollo urbano de Puerto Cabello. No en balde este incansable vasco, que más tarde se convierte en el primer Director de la Guipuzcoana al iniciar operaciones aquí, decía de aquel puerto que debía “… considerarse como el mejor de la costa y puede ser de todas las indias…”; para, luego, rematar diciendo que “… todas las facilidades necesarias a la marina se hallan en él, y parece que Dios por su Divina Mano ha querido ahorrar a los hombres el trabajo de dirigirlo a sus necesidades, pues quien quisiera mejorarlo lo perdería”. De manera tal que cuando en septiembre de 1730 las fragatas San Ignacio, San Joaquín y Guipuzcoano anclan en el fondeadero de Puerto Cabello, se inicia la aventura mercantil de la Compañía Guipuzcoana.
Pero nada de esta aventura comercial hubiese sido posible si no se contara tempranamente con una organización administrativa en la urbe, y dentro de ella una forma de autoridad marítima cuya evolución histórica queremos referir, teniendo como fundamento el documentado trabajo de Eulides Ortega Rincones, titulado Historia del resguardo marítimo de Venezuela 1781-1804 (Academia Nacional de la Historia, 2003). Inicialmente, esta autoridad le fue confiada a la Compañía Guipuzcoana que no solo tenía a su cargo hacer el corso sino también organizar lo que se llamó el resguardo del puerto que comienza a funcionar a partir del mes de octubre de 1733, en tiempos del Gobernador Martín de Lardizábal. Se trataba de, básicamente, combatir el contrabando costero y la habilitación no autorizada de calas o ensenadas que permitieran la movilización de mercancías ilícitas, lo anterior a través de una flota de embarcaciones menores a las que se otorgaba una autorización para el ejercicio de una suerte de corso costanero.
El 1º de mayo de 1781, la Compañía Guipuzcoana cesa en sus funciones de combatir el contrabando en la Provincia de Venezuela, creándose el Resguardo Marítimo por Real Orden del 15 de febrero de ese mismo año, que derivó en dos direcciones. La primera, el resguardo de puerto o servicio de guardacostas, del que se encargan embarcaciones menores que recorrían el frente costero; el segundo, un resguardo especial de alta mar o corso, en el que se hallaban involucradas las embarcaciones mayores. Es a partir de entonces cuando conocemos los nombres de los primeros Comandantes del resguardo marítimo: Capitanes Vicente Antonio Icuza, Juan Antonio de Careaga, Juan Álvarez de Veriñas y Antonio Rodríguez, este último que además fungió como Capitán del resguardo de Puerto Cabello, alternando con Mateo Fernández de Ocampo y con Juan Bautista Martiarena.
Por aquellos tiempos, la sede del resguardo tenía asiento en Caracas desde donde se ejerce su gobierno, bajo la lupa del Capitán General y Gobernador de la Provincia de Caracas y del Intendente; pero si bien es cierto desde el punto de vista administrativo el resguardo tiene sede en Caracas, el Resguardo de Mar en sí mismo tiene su asiento operativo en Puerto Cabello. Aún así, no será sino tardíamente (1798) cuando este puerto queda habilitado para la importación y exportación, pues el de La Guaira y Coro operaban como puertos de registro (1776). De hecho, las presas capturadas se remitían a La Guaira para control de la Real Hacienda y los funcionarios de la aduana, y solo si necesitaban repararse eran enviados a Puerto Cabello.
En 1801, el gobierno español introduce importantes reformas para aumentar la recaudación, controlar los mares y aumentar el comercio entre España y América, en el marco de lo cual se encuentra también una revisión del papel de la Marina de Guerra, lo que derivó en el establecimiento de un Apostadero de Marina que sustituirá al antiguo resguardo. Estos apostaderos, más allá de cumplir con la función de guardacostas para reprimir el contrabando y proteger a los barcos mercantes de la piratería, asumen otras funciones como la defensa del territorio en tiempo de guerra y la custodia de los buques correos, ofreciendo una adecuada infraestructura para recepcionar, reparar y aprovisionar los buques. Desde 1803 y hasta 1824 Puerto Cabello será un Apostadero Principal, que tuvo como Comandantes de Marina a Agustín de Figueroa, Juan de Tiscar, José María Chacón y Ángel Laborde.
El ejercicio de la autoridad marítima a lo largo del siglo XIX y principios del siglo pasado, sufrirá cambios en función de los adelantos que experimenta el transporte marítimo, la introducción de la normativa internacional y el surgimiento de la normativa interna, la seguridad marítima y la evolución misma de la marina mercante. Algunos países optaron por el ejercicio de la autoridad a través de las marinas de guerra, mientras que otros la encomendarían a las autoridades civiles. Tal fue el caso venezolano, pues a la luz de la Ley de Navegación de 1941, y a los fines del ejercicio de la autoridad marítima se crean las Capitanías de Puerto, dependientes de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, adscrita esta última al ministerio con competencia en materia de transporte, sustituida el año 2001 por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).
@PepeSabatino