Ya en otras oportunidades he afirmado que, la toma de Puerto Cabello simbolizó en algún momento, para la idiosincrasia de los porteños, una epopeya literaria de evocada y parafraseadas leyendas, trasmitida de generaciones pasadas, donde la imaginación se apoderó de los sentimientos; limitando lo ocurrido únicamente a la noche del día 7 y la madrugada del 8 de noviembre de 1823, otorgándole a este suceso definitorio de nuestra independencia un misticismo heroico, lejos de la importancia que realmente representa para nuestra historia.
Es bastante conocido que, la batalla en la sabana de Carabobo, fue una victoria contundente del ejército patriota, pero, no puso punto final a las pretensiones de las autoridades reales de mantener su dominio. El resto del ejército español, en una retirada plenamente ideada, huyó a la plaza de Puerto Cabello, camino de San Esteban, donde se atrincheró estratégicamente por más de dos años, contemplando una posible reorganización de sus fuerzas con ayuda externa.
Partimos de tan puntual suceso (Toma de Puerto Cabello 8 de noviembre de 1823), porque en sí mismo, es más complejo de lo abordado por algunos autores, enfocados en destacar una absurda trivialidad de lo ocurrido. Por lo tanto, y responsablemente, nos apartamos de insipideces tendenciosas, apoyándonos en elementos probables que exigen nuevos estudios, haciendo énfasis en el contexto, sus actores y datos interesantes que, arrojan nuevas luces acerca del proceso independentista de Venezuela y sus aristas.
Quedarnos a reproducir lo mismo, es una apoplejía academicista, por lo tanto, nos ubicamos en el lado revisionista de nuestra historia, o en una especie de limbo repleto de inconformidad, pretendiendo siempre, repuesta a tantos temas de importancia, pero flojamente tratados.
Por esta razón, recalcamos que, el proceso independentista, no se trató exclusivamente de una contienda militar, sino fue una profunda metamorfosis que fracturó las capas de la sociedad de entonces, dejando una huella perenne, en algunos casos incompresibles, pero, si nos apoyamos en la cientificidad apropiada, esta nos permite procesarla de manera distinta, y como resultado el surgimiento de nuevas teorías. No es la historia de una guerra, entre actores buenos, y malos, o ricos contra pobres.
En esta oportunidad, no hare énfasis en la toma de Puerto Cabello, sino en un punto y aparte, sobrevenido; la confiscación de las tierras en los Valles de Morón.
La confiscación de bienes y propiedades fue una medida practicada durante la guerra de independencia por los grupos enfrentados. Este procedimiento para explicarlo en pocas palabras consistió, en quitarle lo que tenían (bienes), principalmente casas y haciendas, a los que caían en la desgracia de estar con el bando perdedor; cuando el vencedor consumaba el poder, según fuese el momento.
El pago de recompensas a títulos de propiedades, fue un tema controversial durante la guerra; ya que, un vasto grupo de hombres ofrecieron sus servicios como soldados, con la condición de ser posteriormente favorecidos con la entrega de beneficios particulares. Esto explica un poco, la posición asumida por el libertador, de expedir una “Ley de Repartos” en octubre de 1817. Pero, tal solicitud, no fue cumplida.
Posterior al éxito de armas por el ejército patriota en Carabobo, insistió Bolívar al Congreso, la necesidad de hacer cumplir la oferta a los soldados, porque podía estallar una rebelión. En esta oportunidad, el Congreso aceptó, pero la Ley no fue del todo justamente aplicada, dado que un grupo de próceres de mayor relevancia, entre ellos, el general José Antonio Páez, comenzaron a comprar los haberes militares a los soldados de menor graduación.
En Morón, se llevó a cabo la confiscación de tierras, medida adoptada por las autoridades republicanas. Poco, se menciona ese tema, por eso, lo interesante en abordar y destacar, sus implicaciones sociales y políticas con el transcurrir del tiempo.
Esta disposición, formó parte de un programa compensatorio, que tenía como finalidad, la cancelación de las deudas adquiridas por la naciente República con los combatientes al servicio de la independencia.
El fulano patriotismo, y heroísmo novelero popularizado por Eduardo Blanco, en su obra y reforzado por otros escritores, no se correspondió a la irrenunciable verdad, que motivó a buen número de personajes a sumarse a la guerra, sino más bien, a una relación prácticamente contractual, de prestar sus servicios a la causa, como una forma más de trabajo.
Pero, se preguntarán ¿qué relación guarda la toma de Puerto Cabello con la confiscación de tierras de Morón?
Resulta que, en la capitulación de la plaza de Puerto Cabello, fechada el 10 de noviembre de 1823, se estipula en el artículo 23, lo siguiente: “que a todos los vecinos de los valles de Borburata, Patanemo, y Morón se tengan los mismo derechos y consideraciones que a los de esta plaza. Concedido, en los términos que para la plaza en el Artículo 17”;
Este último artículo a su vez, establecía que se respetara a los vecinos de ésta plaza, sean cuales hayan sido sus opiniones dejando a libre voluntad la decisión sobre sus bienes siempre que el gobierno no haya dispuesto de alguna propiedad.
Partiendo del mencionado apartado, cabe preguntarse ¿Fueron los habitantes de los valles de Puerto Cabello ferviente defensores de la corona española? ¿Qué criterios se tomaron para proceder a incautar las tierras y entregárselas a los soldados patriotas?
Estas interrogantes, nos sugieren una postura esquiva de los habitantes de la costa, a la idea libertaria; tal como, se concebía en ese determinado momento y que, solo unos pocos, se plegaron a la misma.
Existen relatos de los procedimientos practicados para sumar adeptos a la causa. El 2 de julio de 1821, días después de la batalla de Carabobo, Pedro Briceño Méndez le comunicó al general Santiago Mariño “Que en los pueblos de Morón, Alpargaton y Urama, se levanten guerrillas de gentes del país, a cuyo efecto enviará V.E. las armas, municiones y fornituras necesarias, con algunos oficiales, encargados de organizarlas y de levantarlas hasta la fuerza de 400 ó 500 hombres; llamado á los esclavos de aquel distrito para este servicio y dando la libertad á los que se presenten útiles, o si toman las armas. Esta operación es de urgente importancia, y no debe perderse un momento en llevarla á efecto. El teniente coronel Miguel Zegarra tomará el mando general de todas estas guerrillas, para dirigirlas y conservarlas en el mejor pie”.
De igual modo, procedió el entonces capitán Juan José Mora en operar reclutas y pertrechos, por órdenes superiores, tal como se evidencia en su hoja de servicio militar, en la sección de Ilustres próceres, bajo la custodia del Archivo General de la Nación.
Por otra parte, en el juicio abierto a Don Juan José Liendo, por sospecha de deslealtad a las autoridades reales, destaca en su confesión, verse forzado en aceptar el empleo de formar una trinchera en el río del Yaracuy, levantar una compañía de urbanos en los pueblos de Morón y Alpargatón y conducir pliegos con sus guardias; para no exponerse a represarías sanguinarias. Pero, aseguraba haber desempeñado todas estas acciones con total repugnancia.
Sin embargo, cualquiera motivo pudo haber influido para que tantos personajes tomaran parte de este conflicto bélico. Lo cierto es que, el gobierno adquirió compromisos que debía honrar, y trató de hacerlo.
En consecuencia, y aun cuando no se tiene la totalidad de los nombres de quienes fueron beneficiados con la entrega de propiedades, ni la evidencia de si todos eran naturales de Morón; existe en el comprobante de asiento de haberes militares en custodia del Archivo General de la Nación, la adjudicación por parte del prefecto director general de ventas, al señor coronel Juan Landaeta cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos cinco reales en el valor de la hacienda confiscada a Don Manuel Mozón situada en los valles de Morón como pago de los seis mil pesos que se le adeudan por haber militar. También, le fue confiscada a dicho Mozón la hacienda de Marín; siendo beneficiados, el Capitán Ciriaco Iriarte y José Antonio Cala”. Al primero le adeudaban 3.000 pesos, le adjudicaron 2.479 pesos y 7 reales en la hacienda “Marín”, y la otra parte de esa misma propiedad se le otorgó al también capitán José Antonio Cala.
Esas entregas de tierras, van a traer consecuencia de orden político y social, prolongadas en el tiempo. Prueba de ello, el siguiente caso: En el año de 1841 José Leandro Montbrun, porteño de ascendencia francesa, militar de la independencia “confiere poder al señor Nicolás Martínez vecino de Caracas, para que le represente y sostenga sus derechos ante los tribunales competentes, el reclamo hecho al gobierno de la suma de mil seiscientos cuarenta pesos veintinueve centavos indemnización del valor de las tierras de Palma sola de la Banda de Marín en la parroquia de Morón de que dispuso a favor de varios oficiales del ejercito, sin limitación alguna”.
En este mismo orden, el ciudadano Adriano Anthonei canario de ascendencia francesa llegado a Morón como parte de un proyecto del general Páez, para establecer una aldea de emigrantes a modo de la colonia Tovar, se vio perjudicado, en parte de las tierras que, consideradas de su propiedad, ocupadas producto de una anarquía de límites. Se sentían con derechos los soldados, pobladores y hacendados.
Si esta situación heredada de la guerra de independencia, y acentuada a partir de la toma de Puerto Cabello, no era suficiente porque las autoridades se vieron obligadas a cumplir con su compromiso de pago; peor aún, cuando se sumó a esta anarquía un proceso de compras, tal vez forzadas, de estas mismas tierras por otros militares que comenzaron subir en la estructura caudillista del país.
Muchos de estos oficiales, por esta medida o por otra causa, se hicieron propietarios de grandes extensiones de tierras en esta localidad, casos particulares, el Gral. Juan José Mora, posterior dueño de Morón y Joaquín Molina, dueño de Urama, siendo activos servidores en los gobiernos republicanos, y movidos por la pasión política formaran parte de los cabecillas que va a participar en la guerra federal y, de esta a su vez, se producirá nuevamente un torbellino con la adjudicación sin control de tierras que, ya traían un problema de décadas.
La confiscación, ni la adjudicación trajo consigo, un equilibrio social en la zona, al contrario, ocasionó una brecha entre la población, como fue el caso, bastante conocido de “Casa de Tejas” que trascendió hasta las primeras décadas del siglo XX. Pero, en ese tema quedara para otra oportunidad.
Elvis López
ELOPEZ_77@hotmail.com