“…además de los considerables menoscabos de mis intereses Reales, el perjuicio universal de mis vasallos, por exorbitante precio que el Reyno se compra el Cacao por manos de extranjeros, a cuyo daño le sigue la remota esperanza de pronto remedio”, S.M. Felipe V de España
Para la segunda década del siglo XVIII, gobernaba en España S.M. el rey Felipe V (primer rey de la dinastía Borbón), quien durante una de sus jornadas de labores administrativas habituales fue informado del problema que se estaba generando en sus reinos en relación con la escasez de cacao y su alto precio.
Tal información le ocasionó mucha sorpresa al monarca, quien les reclamaba a sus asesores el porqué de esa situación, cuando se conocía (gracias a los informes que provenían de América y, en especial, de las provincias que luego conformaron la Capitanía General de Venezuela) que la producción de la preciada semilla era muy buena. No se entendía por qué desde el año 1705 se estaba recibiendo tan poca mercancía desde Caracas.
Este dato era muy importante porque, para el siglo XVIII, la producción de cacao que salía por la provincia de Caracas era bastante cuantiosa y, en teoría, iba destinada al puerto de Veracruz, en el Virreinato de la Nueva España; mientras que en la provincia de Nueva Andalucía (Cumaná) el cacao era transportado hacia Puerto Rico y Santo Domingo en cantidades mucho menores.
Los asesores del rey procedieron inmediatamente a explicarle que el alto precio del fruto obedecía a dos elementos fundamentales: en primer lugar, la carga impositiva que encarecía el producto dentro de las provincias venezolanas y, en segundo lugar, que los productores y comerciantes sacaban más provecho vendiendo el cacao a los holandeses, franceses e ingleses mediante el contrabando.
Ante este problema, S.M. Felipe V decidió emitir una Real Cédula firmada en Madrid el 25 de septiembre de 1728, en la que se creó la Real Compañía Guipuzcoana y se establecieron las siguientes medidas económicas:
Reducir las cargas impositivas a las que era sometido el cacao, entre ellas el llamado Derecho de Toneladas, un impuesto que se cobraba por el peso de las mercancías transportadas por naves que no pertenecían a la Corona española, pero que tenían permiso para la navegación y comercialización de los productos de América hacia Europa y viceversa (a los cuales se les llamaba Navíos de Registro).
Para evitar el contrabando y la piratería, el rey asignó a dos navíos (fragatas) armados en guerra y bien tripulados con 45 cañones para que sirvieran de escolta a los Navíos de Registro. Esta medida tenía una doble función: evitar la tentación del barco mercante de vender la carga a otras coronas europeas y prevenir los actos vandálicos de piratas y corsarios.
Se promovió un intercambio comercial de productos manufacturados del Viejo Mundo a cambio del cacao.
Además de la asignación de las dos fragatas como escolta, se solicitó al comandante de la Armada de Barlovento y a otros buques de guerra españoles que estuviesen por la zona que brindaran socorro al transporte de cacao en caso de necesidad.
Pero a pesar de la existencia de la Guipuzcoana, el problema del contrabando de cacao iba más allá del manejo que le daban los comerciantes y productores locales; al parecer, algunas autoridades de la Corona también se vieron involucradas en estos asuntos. Tal es el caso de Juan José del Castillo y Pérez de los Reyes, natural de La Habana, Cuba.
Este personaje era hijo de Rosa María Pérez de los Reyes Castellanos y de Juan Núñez del Castillo y Piñero (Marqués de San Felipe y Santiago), cuyo título heredó a la muerte de su padre en 1725. Contrajo nupcias con la hija de don Mateo de Sucre, gobernador de la Provincia de Nueva Andalucía (Cumaná). En 1733, Del Castillo fue ascendido en La Habana a sargento mayor y luego enviado a Cumaná para hacerse cargo de la guarnición de los castillos de esa ciudad. En 1734, su suegro lo dejó como gobernador interino de la Nueva Andalucía, periodo en el que supuestamente entabló un comercio ilícito de cacao con los holandeses. Por ello, fue denunciado en el año de 1736, sin que hasta el momento se conozca algún documento oficial que dé cuenta de un proceso legal en su contra. Tras haber ocupado dicho cargo, continuó realizando labores para la Corona española que le fueron muy reconocidas y concluyó su carrera en La Habana, donde falleció el 13 de julio de 1758.
De lo expuesto en la presente entrega, podemos reflexionar que el comercio del cacao durante el periodo hispano en el territorio que hoy conforma la República de Venezuela nos muestra una historia sumamente interesante. Este escenario pone sobre la mesa de debate los hechos que, en primer lugar, llevaron a la creación de la Compañía Guipuzcoana y, en segunda instancia, el hecho de que a partir de allí el conflicto económico y tributario entre la Real Hacienda y los llamados Mantuanos se convirtió en el detonante de la cruenta y brutal guerra que se desarrolló en nuestro territorio entre 1811 y 1823.
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